Bajo el pomposo título de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el Gobierno nacional intenta consumar un retroceso institucional y geopolítico sin precedentes. Detrás del ropaje del libre mercado y la atracción de capitales, la iniciativa oficial esconde una derogación lisa y llana de los pilares estructurales de la Ley de Tierras N° 26.737, una norma sancionada en 2011 para resguardar los recursos estratégicos de la Argentina. Como bien denunció el historiador Matías Oberlin, no estamos ante una reforma modernizadora, sino ante un intento obsceno de vaciar de contenido la protección del territorio. 

Resulta indispensable desmontar las falacias del discurso oficial. La ley vigente jamás ha sido un obstáculo para la inversión productiva ni para el asentamiento de personas extranjeras que decidan trabajar el suelo. De hecho, el marco actual todavía deja margen legal para la venta de un 10% adicional de superficie rural sin comprometer la norma. Lo que la Ley 26.737 frena —y lo que este proyecto busca desmantelar desesperadamente— es la voracidad especulativa de corporaciones transnacionales y fondos de inversión globales interesados en hacerse de espejos de agua dulce, zonas de frontera y reservas naturales clave. 

El argumento de que la desregulación generará inversiones genuinas se desmorona ante los datos fríos de la realidad. Con 13 millones de hectáreas ya en manos foráneas —una extensión equiparable a la totalidad de la provincia de Santa Fe— y con 36 departamentos del país que rozan o violan los límites legales, la urgencia de los grandes capitales no pasa por la producción agrícola tradicional, sino por aumentar la presión sobre áreas geopolíticamente críticas. 

Entregar la regulación del suelo patrio no es un acto de pragmatismo económico; es un ejercicio irresponsable de ceguera soberana. Ninguna nación seria del mundo regala el control sobre sus fronteras ni liquida sus fuentes de agua dulce a cambio de divisas especulativas de corto plazo. El Congreso tiene el deber ético e histórico de frenar este avasallamiento: la integridad del territorio nacional no puede quedar reducida a un remate al mejor postor.